Guía

Guía del concurso de acreedores

Todo lo que necesitas saber sobre el procedimiento judicial que permite ordenar las deudas de particulares, autónomos y empresas en situación de insolvencia.

¿Qué es el concurso de acreedores?

El concurso de acreedores es el procedimiento judicial regulado en el Texto Refundido de la Ley Concursal para los deudores que no pueden cumplir regularmente sus obligaciones de pago. Su finalidad es doble: ordenar el pago a los acreedores conforme a reglas de igualdad y preferencia, y ofrecer al deudor una salida, ya sea mediante un acuerdo con sus acreedores, mediante la liquidación ordenada de su patrimonio o, si es persona física, mediante la exoneración de sus deudas.

¿Quién puede solicitarlo?

Puede ser declarado en concurso cualquier deudor, sea persona física o jurídica:

  • Particulares sin actividad empresarial (consumidores).
  • Autónomos y profesionales.
  • Sociedades mercantiles y demás personas jurídicas privadas.

No pueden ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público.

El presupuesto: la insolvencia

Para que se declare el concurso, el deudor debe encontrarse en estado de insolvencia:

  • Insolvencia actual: el deudor ya no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. En este caso tiene el deber de solicitar el concurso en los dos meses siguientes a la fecha en que conoció o debió conocer esa situación.
  • Insolvencia inminente: el deudor prevé que en los tres meses siguientes no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones. Puede solicitar el concurso, pero no está obligado.

Concurso voluntario y necesario

El concurso es voluntario cuando lo solicita el propio deudor y necesario cuando lo solicita un acreedor u otro legitimado. La diferencia es relevante: en el voluntario, como regla general, el deudor conserva la administración de su patrimonio bajo la supervisión de la administración concursal; en el necesario, sus facultades quedan suspendidas y es la administración concursal quien las asume.

¿Quién interviene en el concurso?

  • El juez de lo mercantil, que dirige el procedimiento y resuelve las cuestiones que se planteen.
  • La administración concursal, un profesional (abogado, economista o auditor) que supervisa o sustituye al deudor, elabora el inventario de bienes y la lista de acreedores, y emite los informes previstos en la ley.
  • Los acreedores, que comunican sus créditos y participan en la aprobación del convenio.
  • El deudor, que debe colaborar e informar en todo lo necesario para el interés del concurso.

Efectos de la declaración de concurso

Desde que el juez dicta el auto de declaración de concurso se producen, entre otros, los siguientes efectos:

  • Paralización de ejecuciones: no pueden iniciarse nuevas ejecuciones judiciales o administrativas contra el patrimonio del deudor y las que estén en marcha quedan suspendidas, con algunas excepciones.
  • Suspensión de intereses: se suspende el devengo de intereses de los créditos, salvo los que tengan garantía real, hasta el valor de la garantía.
  • Prohibición de compensación: en general, no pueden compensarse créditos y deudas del concursado.
  • Contratos en vigor: los contratos con obligaciones recíprocas pendientes no se resuelven por la mera declaración de concurso.

¿En qué orden se paga a los acreedores?

La ley clasifica los créditos en distintas categorías, que determinan el orden de cobro:

Tipo de créditoEjemplosOrden de pago
Contra la masaGastos generados durante el concurso, salarios de los últimos 30 días anteriores a la declaración (con límites).Se pagan a su vencimiento, antes que el resto.
Privilegio especialCréditos garantizados con hipoteca o prenda.Con cargo al bien afectado por la garantía.
Privilegio generalParte de los créditos salariales, retenciones de Hacienda y Seguridad Social, parte del crédito público.Por delante de los ordinarios.
OrdinariosProveedores, préstamos personales, tarjetas.A prorrata, tras los privilegiados.
SubordinadosCréditos comunicados tarde, intereses, multas, créditos de personas especialmente relacionadas con el deudor.En último lugar.

¿Cómo termina el concurso?

Convenio

Es un acuerdo entre el deudor y sus acreedores que puede incluir quitas (reducciones de deuda) y esperas (aplazamientos). Si se aprueba y se cumple, permite al deudor continuar con su actividad.

Liquidación

Si no hay convenio, o el deudor lo solicita, se venden los bienes y derechos del concursado para pagar a los acreedores según el orden legal. En el caso de las sociedades, la liquidación conduce a su extinción.

Exoneración del pasivo insatisfecho

Si el deudor es una persona física, puede solicitar la cancelación de las deudas que queden pendientes. Es lo que se conoce como Ley de Segunda Oportunidad.

La calificación del concurso

En determinados supuestos se abre una sección de calificación para determinar si el concurso es fortuito o culpable. Será culpable cuando la insolvencia se haya generado o agravado por dolo o culpa grave del deudor o de sus administradores. Entre otros casos, la ley presume la culpabilidad cuando no se ha solicitado el concurso en plazo o no se ha llevado la contabilidad debidamente.

Solicitar el concurso a tiempo y con la documentación en orden es la mejor forma de proteger al deudor y a los administradores de la empresa.

Alternativas al concurso

Antes de llegar al concurso existen instrumentos preconcursales que pueden evitarlo:

  • Comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, que suspende temporalmente el deber de solicitar el concurso y protege frente a ciertas ejecuciones.
  • Planes de reestructuración, que permiten modificar la estructura de la deuda de la empresa con el apoyo de una mayoría de acreedores, incluso en situación de probabilidad de insolvencia.

Consulta cómo se desarrolla cada fase en el procedimiento paso a paso.

La información de esta página es orientativa y general, basada en el Texto Refundido de la Ley Concursal (Real Decreto Legislativo 1/2020) tras la reforma de la Ley 16/2022. No sustituye al asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.

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